STOP a los desahucios, alquiler social

Hace tan solo tres días que se firmó un convenio para crear un Fondo Social de Alquiler que estaba siendo tan esperado como necesario. Desde que comenzó la crisis y particularmente desde el año 2008 miles de personas han sido desahuciadas de sus viviendas y se han visto literalmente en la calle sin ninguna opción que emanase de los poderes públicos. Nuestro Gobierno era consciente de esta necesidad pero necesitaba que los “dueños de los pisos” estuvieran dispuestos a colaborar y obviamente no era fácil un acuerdo de estas características. Al final se ha logrado que tres ministerios (Economía, Fomento y Sanidad y Asuntos Sociales), el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias, ONG´s y entidades financieras alcancen un convenio que va a permitir que por ahora casi 6.000 viviendas de las entidades financieras que no han sido cedidas al “banco malo”, Sareb, se pongan a disposición de los clientes afectados por procesos de ejecución hipotecaria.

Frente a quienes dicen que no tenemos objetivos o que nos falta estrategia está claro que lo que se ha hecho en este primer año de Gobierno demuestra a las claras que teníamos el objetivo de frenar la sangría de los desahucios y ofrecer alternativas a las familias, y obviamente la estrategia pasaba por conseguir que las entidades financieras que son las que disponen de las viviendas aceptasen las condiciones que el Gobierno ha planteado para ceder sus activos para esta causa.

¿Que no era tan difícil ni hacía falta tanto tiempo? Bueno pues entonces habrá que preguntarse por qué el anterior gobierno socialista durante la última legislatura, del 2008 hasta finales del 2011, no lo hizo pero sí tuvo tiempo para despilfarrar en tantas cosas innecesarias y me remito a las subvenciones publicadas en el B.O.E. en esos mismos años.

Las personas que podrán acogerse a este Fondo Social de Alquiler, además de aquellos desahuciados por ejecución de su hipoteca, deberán cumplir con los criterios de vulnerabilidad que se recogen en el decreto que ha paralizado los desahucios durante 2 años. Por cierto, también éste Gobierno ha sido el que ha impulsado la Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios con especial vulnerabilidad, algo que se debería haber hecho hace años.

La familia no podrá tener vivienda en propiedad ni ingresos superiores a 19.000 euros al año.

El precio del alquiler oscilará entre 150 y 400 euros, con un límite del 30% de la renta neta de la familia, y tendrá una duración de 2 años prorrogable por 1 más.

Esa norma acota los beneficiarios a familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y algunos supuestos de violencia de género.

También tendrán derecho deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.

En definitiva, otra forma de hacer las cosas, sin populismo ni subvenciones con fines electoralistas, sin quimeras que han supuesto en otras épocas falsas esperanzas a quienes más apoyo necesitaban de su Gobierno.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *