Las pensiones son cosa de todos

con senadoras SevillaHablar de reformar el sistema de pensiones en España es un tema que pone a todos los ciudadanos rápidamente a preguntarse en qué les afectará. A los que están ya jubilados les preocupa que pueda volver a congelarse su pensión o que no se incremente anualmente para hacer frente a la subida del IPC como ya ocurrió en el año 2011, cuando el gobierno socialista congeló totalmente las pensiones con un IPC entonces del 3,8%.

Y a los que estamos cotizando nos interesa, y mucho, saber qué ocurrirá con nuestra futura jubilación, si cobraremos una pensión de la Seguridad Social o tendríamos que ir pensando en hacernos en un plan de pensiones privado como ya nos aconsejara hace más de 15 años el ex-ministro Solbes.

El actual gobierno del Partido Popular ha dicho que ni va a subir los impuestos otra vez ni va a bajar las pensiones. Para hacer frente al pago de las pensiones de casi 9 millones de pensionistas se tuvo que subir el Impuesto sobre la Renta nada más llegar hace año y medio pero una vez tomadas las medidas necesarias para ajustar el déficit del 9% se han incrementado, tanto en 2012 (paga única) como en 2013 para así poder compensar precisamente la subida de los precios al consumo. Concretamente, en este año el 76% de los pensionistas con pensiones más bajas han visto como se han incrementado en un 2% mientras el resto lo han hecho al 1%.

Recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas que, por primera vez, pretenden evitar la discriminación por razón de edad siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo y la Unión Europea para garantizar las pensiones futuras y para la prolongación voluntaria de la vida laboral.

Son muchos los abusos que se han podido cometer en materia de pensiones y en la mente de todos están los casos más sonoros de fraude a la hora de conseguir una pensión pero las nuevas medidas para perseguir ese fraude están dando resultado. Y está relacionado con la necesaria participación de todos para que el sistema no se quiebre: si hay economía sumergida y no se cotiza no se contribuye al sistema de seguridad social y por lo tanto las pensiones peligran. Por eso se creó el Fondo de Reserva de las pensiones, para que no vuelva a ocurrir que ningún gobierno tenga que pedir un préstamo para pagar la nómina de los pensionistas como ocurrió en 1996.

No hay sistema de pensiones si no hay ciudadanos trabajando y por eso es tan importante que se fomenten las medidas para crear empleo y sobre todo para evitar el fraude tanto en el cobro de prestaciones por desempleo como aquellas empresas que no pagan impuestos como el IVA, porque te siguen preguntando eso de “¿con IVA o sin IVA?. Precisamente el Plan de lucha contra el fraude fiscal del Gobierno ha sido una de las medidas del primer año de esta legislatura con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos mediante la contribución justa y equitativa de todos los españoles.

El Estado debe garantizar que todos los españoles perciban una pensión con los mismos derechos, independientemente de donde residan. Algunas comunidades autónomas tienen déficit en seguridad social, es decir, las cotizaciones de los trabajadores son menores que el importe total de gasto en pensiones, y precisamente para evitar discriminaciones es fundamental mantener la caja única de la seguridad social.

Precisamente este año, el aumento del número de pensionistas frente a los menores ingresos por cotizaciones sociales, el Estado ha debido aportar 15.000 millones de euros para compensar las cuentas.

Las nuevas medidas aprobadas recientemente pasan por compatibilizar el cobro de la mitad de la pensión con la permanencia en un trabajo, una vez cumplida la edad legal de jubilación. La jubilación anticipada se reservará para aquellos trabajadores que lleven una larga trayectoria de cotización y se fija un periodo mínimo de cotización de 35 años para la jubilación voluntaria y de 33 en el caso de la forzosa. A partir de ahora la edad de jubilación anticipada se eleva a los 65 años si es voluntaria a partir de 2017; si es involuntaria pasará de los 61 a los 63 años en ese mismo año.

Todas estas medidas se deben tomar para dotar de seguridad a nuestro sistema de pensiones para lo que el Gobierno se está reuniendo con los agentes sociales. Además ha encargado a un grupo de expertos un informe que llevará a la Comisión del Pacto de Tolero para así afrontar entre todos las decisiones adecuadas para el futuro de todos, trabajadores y pensionistas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *