Los ciudadanos queremos una Justicia ágil y eficaz

El último Consejo de Gobierno nos ha traido muchas novedades y muy positivas. Uno de los asuntos que preocupan a la sociedad española encuentra respuesta en la actuación del Gobierno de España. Se trata de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que ha dado su primer paso para definir un nuevo modelo de justica más moderno y sobre todo más ágil y eficaz que es lo que demandan los ciudadanos. Es un gran proyecto y para definirlo el Gobierno ha escuchado a todos los sectores implicados, asociaciones de profesionales y ciudadanos.

Nuestro sistema actual de Justicia data del siglo XIX y con esta nueva norma se transformará toda la organización judicial española para solucionar los problemas que todos conocemos: lentitud, burocracia, acumulación de expedientes, mala organización, etc.

No basta con tener buenos Jueces, Magistrados, Secretarios Judiciales, funcionarios especializados en la administración de Justicia. Hace falta que estos profesionales tengan los instrumentos adecuados para que el sistema sea ágil a la hora de resolver los conflictos y que éstos no se eternicen años en los Juzgados. Siempre he dicho que si funciona Hacienda debe funcionar la Justicia con igual agilidad. Si Sanidad es capaz de encontrar un tratamiento a nuestros males y proceder a su ejecución en cuestión de días o meses igualmente la Justicia debe solucionar los conflictos de cualquier índole que se plantean en todos los órdenes y de eso trata esta reforma.

Este texto sustituirá al vigente, que desde su aprobación en 1985 ha sufrido más de cuarenta modificaciones. Entre las principales novedades figura la creación de los Tribunales Provinciales de Instancia, lo que implica una nueva estructura distinta a los actuales partidos judiciales pero en la que se mantienen todas las sedes existentes para optimizar los recursos. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, los Tribunales Provinciales de Instancia funcionarán de forma acorde a un reparto provincial de asuntos.

Con su creación se pretende acabar con las desigualdades que se producen actualmente entre juzgados por las distintas cargas de trabajo, tras haberse demostrado que la creación de otros nuevos no proporciona una solución definitiva al problema.

Estructura del Tribunal Provincial de Instancia

Cada Tribunal Provincial de Instancia (cincuenta más Ceuta y Melilla, que tendrán el suyo propio) contará con cuatro Salas, una por cada orden jurisdiccional: Civil, Penal, Contencioso y Social. Cada Sala dispondrá de Unidades Judiciales (los jueces unipersonales) y Secciones, cuando el conocimiento de un asunto por su relevancia se atribuya a un colegio de al menos tres jueces.

Tribunales Superiores de Justicia

Los Tribunales Superiores de Justicia seguirán siendo los órganos judiciales a nivel autonómico, pero ven ampliadas sus competencias porque asumirán las que tenían las Audiencias Provinciales en apelación en materia civil y mantendrán las que tenían en contencioso y social. También serán los encargados de conocer los recursos de casación en derecho autonómico y continuarán encargándose de investigar y juzgar a los aforados que les atribuyan los correspondientes Estatutos de autonomía.

Aforados

Otra novedad relativa a los aforados es que, aunque abandonen el puesto que les dio esa condición, seguirán siendo enjuiciados por el tribunal que les correspondía por ella, tal y como recogen ya algunos Estatutos de Autonomía, cuando el delito hubiera sido cometido en el ejercicio del cargo. De esta forma se evitarán los retrasos en la instrucción que suponía que dejaran el escaño con la investigación ya avanzada.

Letrados de la Administración de Justicia

Los secretarios judiciales pasarán a denominarse Letrados de la Administración de Justicia para adecuarse de forma más precisa a sus funciones, aunque se mantienen los cargos de secretario general de la Administración de Justicia, secretario de Gobierno y secretario Coordinador Provincial. Junto con el cambio de nombre, se fortalece su posición al establecer por Ley su responsabilidad como gerentes de la Oficina Judicial.

Al igual que ocurre con los jueces, se suprimen las categorías de la carrera. Como principal novedad, en su régimen sancionador se incorpora la sanción de multa de hasta seis mil euros para infracciones leves y graves.

Agosto será hábil

El Anteproyecto incluye que su periodo de actividad será de todo el año, declarando hábil el mes de agosto para la realización de aquellas actuaciones que prevea la correspondiente ley procesal y cuya demora, en todo caso, pueda causar perjuicios irreparables o afectar al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

Los principios básicos en los que se basa la nueva Ley del Poder Judicial:

1.INDEPENDENCIA: se revisará el ejercicio de la potestad jurisdiccional, para garantizar la independencia de todos nuestros jueces.

2.COHERENCIA: para lo que se reforzará el papel del Tribunal Supremo.

3.PROFESIONALIDAD: de todos miembros del poder judicial.

4.FLEXIBILIDAD: para adaptar el sistema a las condiciones sociales que lo requieran.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *