Redes de cuarta generación y fibra óptica al alcance de todos

El pasado día 23 de abril pude defender en nombre del Grupo Popular en el Senado la nueva Ley de Telecomunicaciones que va a fomentar la inversión y sobre todo a eliminar las barreras que dificultan el despliegue de redes de nueva generación para que los ciudadanos accedan con más facilidad. Con esto vamos a permitir que se avance en la recuperación de la Unidad de Mercado. Desde la aprobación de la anterior Ley de Telecomunicaciones, el propio desarrollo del sector a nivel nacional e internacional hacía necesario la revisión de la normativa que marca el funcionamiento en un sector muy dinámico y que cada día influye más en la vida de las personas.

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Además la transposición de directivas europeas no podía aplazarse más y era urgente definir claramente las líneas a seguir para que nuestro país se sitúe a la vanguardia de las telecomunicaciones.Esta norma es un pilar de la agenda reformista del Gobierno del Partido Popular.

Porque el sector de las telecomunicaciones es esencial para la impulsar el crecimiento y generar empleo. Y ese empleo va a venir de la mano de la renovación tecnológica, del acceso a internet fijo y móvil a velocidades ultrarápidas, lo que permitirá incrementar nuestra productividad y competitivad, justo lo que necesitamos para seguir creando empleo. Los operadores nos están demandando los medios adecuados para el necesario despliegue de redes de telefonía móvil de cuarta generación y el despliegue de redes de fibra óptica, que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia y con una velocidad similar a las de radio.

Según los estudios de la Comisión Europea, la difusión de banda ancha contribuye en un 0,7% de crecimiento de Producto Interior Bruto (PIB). Por cada aumento de la penetración de la banda ancha en un 10% el crecimiento del PIB es entre el 1% y el 1,5% y doblar la velocidad de la banda ancha supone un incremento del 0,3% del PIB. Además, se estima que en la Unión Europea se generarán 100.000 empleos asociados a la innovación en servicios entre 2010 y 2015, que ascenderán a dos millones en 2.020 .

Uno de los principales objetivos de la ley es que los ciudadanos puedan beneficiarse de precios más competitivos, uno de los efectos positivos de la liberalización del sector, iniciada en 1998, “que aún no se ha trasladado por completo” a los usuarios. Mi Grupo apoya este proyecto de ley porque ofrecerá mejores ofertas para los ciudadanos y empresas, así como en menores precios y mejor cobertura. Estos son para nosotros argumentos más que suficientes para apoyar este proyecto de ley.

La Unidad de Mercado se va a conseguir a través del establecimiento de nuevos mecanismos de coordinación y colaboración entre el Estado, Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos para que se facilite el despliegue de redes de telecomunicaciones.También a través del establecimiento de requisitos técnicos comunes para despliegue de redes, y esto no es invadir competencias de nadie, esto es trabajar desde un sector que es clave coordinando el trabajo para alcanzar la posición que España debe tener.

Europa tiene un excesivo número de operadores frente a EEUU o a China.

¿Saben que en la UE hay 170 operadores frente a los 17 de EEUU y los 3 de China? Pero más operadores no es sinónimo de mejores precios y calidad. Lo que hacía falta era inversión y el Ministerio de Industria lleva invertidos 2.100 millones de euros en el desarrollo de las medidas de la Agenda digital que están cumplidas en un 63%.

Además, se garantizará el derecho de todos los usuarios a utilizar redes ultrarrápidas de manera que las comunidades de vecinos estarán obligadas a permitir su despliegue, y los operadores podrán reutilizar canalizaciones y conductos titularidad pública o las redes de otras compañías.

En resumen, esta Ley permitirá una mayor seguridad jurídica, el fomento de la inversión, la creación de puestos de trabajo, la recuperación de la Unidad de Mercado, la eliminación de barreras en despliegue y de trámites administrativos, además de una mayor coordinación entre Estado y las Administraciones Públicas.

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